Es importante destacar que a pesar de la alta incidencia del delito de fraude en las empresas que operan en México, se tiene un conocimiento parcial o nulo sobre las disposiciones legales existentes en México para defenderse y guiar una investigación de un presunto fraude.

La mayor parte de las organizaciones en México que detectan un fraude, por lo regular su primer impulso es iniciar una revisión interna urgente, y muchas veces se desconoce los alcances y objetivos, solo se quiere llegar a un número que no garantiza su recuperación. ¿Cuántas de estas empresas condujeron una investigación correcta y legal?, ¿cuántas de estas empresas investigaron de tal forma que puedan presentar cargos ante la autoridad competente y no ser desechadas sus pruebas por algún incumplimiento normativo?

Se estima que 5 de cada 10 empresas que operan en el país no han adoptado algún tipo de mecanismo de control o de prevención de fraudes, tal y como lo muestra la siguiente gráfica: